Preparan convenio de colaboración para agilizar demandas de Familia.

La tramitación de los procesos judiciales de Familia se agilizará más, cuando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), firmen un convenio de colaboración que permitirá a las juezas y jueces de esta materia, acceder a la base de datos actualizada de los asegurados.

La Dra. Celia Villanueva (derecha), directora de la Unidad de Modernización del Poder Judicial, explicó que la base de datos estará integrada en el Sistema Nicarao

La base de datos será proporcionada por el INSS, institución que hoy en día facilita información a las autoridades jurisdiccionales de Familia, pero con retraso a causa del cúmulo de solicitudes que recibe desde otras instancias.

El convenio ahorrará al Poder Judicial, entre otros recursos, tiempo, combustible, tinta y papel ya que la información estará disponible en una “aplicación” que será instalado en los ordenadores del Tribunal de Familia, donde las autoridades judiciales realizan las audiencias.

En el encuentro participó la Unidad de Modernización del Poder Judicial, presidida por la doctora Celia Villanueva Delgado e integrada por los doctores Edmundo Quintanilla y Karla Pérez Delgadillo, así como Belinda Rayo Martínez, administradora de base de datos y Haziel Canda, responsable de Sistemas jurisdiccionales y administrativos de este poder del Estado.

El ingeniero Canda expuso que la aplicación será como hacer una búsqueda en Google, pues sólo se tendrá que insertar el dato de búsqueda (nombre,  apellido o número de cédula) del asegurado, jubilado o pensionado en la caja de texto.

Previo a las reuniones, las y los jueces recibieron una matriz con información que mejoraron o complementaron tales como acción judicial, fundamento legal y justificación del requerimiento informativo al INSS.

4,300 solicitudes anuales

Con la base de datos del INSS, las autoridades judiciales de Familia podrán ver la información “en caliente”, es decir, durante la celebración de las audiencias

Entre los datos que los judiciales podrán disponer están nombre de la o el involucrado en la demanda, número de seguro social, salario, lugar de trabajo, nombre y dirección del empleador, nombre de los padres, deducciones, tiempo de cotización y calidad del asegurado (activo, jubilado o pensionado).

El semestre pasado, el INSS recibió 4,300 solicitudes de información  que la Defensoría Pública le hizo para interponer demandas, estas, sumadas a las de otras instituciones generan atrasos de hasta cuatro meses, de manera que cuando los datos llegan al despacho ya son extemporáneos, explicó la doctora Villanueva Delgado.

“El INSS está anuente a darnos la base de datos, pero necesita saber qué tipo de información es la que se requiere. Si antes mandábamos 200 oficios, se reducirán a 50 y si esperábamos 15 días ahora estará a la mano”, reiteró.

En Costa Rica los jueces de Familia ingresan a las bases de datos de las instituciones, incluido el Registro Público de la Propiedad, comentó la jueza Segundo de Distrito de Familia, doctora Belda María Cárcamo Sánchez.

La doctora Villanueva Delgado ofreció tomar nota de esta información y adelantó que en pro de la modernización, el Poder Judicial trabaja por la incorporación paulatina de las bases de datos de las instituciones para manejo de las autoridades judiciales, tal como hizo hace unos años con el padrón electoral del Consejo Supremo Electoral.

Planteó que de cara a la formalización del convenio enviará  comunicación a la Dirección General de Tecnología de la Información y la Comunicación (DGTIC), previa visto bueno del magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones, doctor  Gerardo Rodríguez Olivas, solicitando la instalación de la aplicación diseñada por Canda con el aporte de las autoridades jurisdiccionales.