Fiscalía solicitó cesar persecución penal a femicida de Las Colinas.
El Ministerio Público fue quien solicitó la Suspensión
Condicional de la Persecución Penal en contra de Francisco Ariel Mercado,
señalado de dar muerte y decapitar a Karla Patricia Estrada en un terreno del
residencial “Las Colinas” en Managua, aclaró la doctora María Fabiola
Betancourt Benavente, Jueza Primero de Distrito Penal Especializado en
Violencia de Managua.
Dra. Maria Fabiola Betancourt Benavente, Jueza Primero de
Distrito Penal Especializado en Violencia de Managua.
“No existe ninguna mediación en esa causa, el Ministerio
Público (fue quien) otorgó el principio de oportunidad de la Suspensión
Condicional de la Persecución Penal, lo cual se hizo efectivo hasta en el año
2013, con el adecuado seguimiento y control de legalidad por parte del Poder
Judicial”, explicó la doctora Betancourt, aclarando una nota periodística de un
diario nacional.
El ex militar fue acusado por el delito de amenazas en
perjuicio de su pareja el 10 de septiembre; el 13 del mismo mes en la audiencia
preliminar, la jueza Betancourt a solicitud del Ministerio Público, modificó la
medida cautelar de prisión preventiva por ser el ilícito menos grave.
La judicial informó que “los hechos que constan en actas
señalan, no a como dice el periódico que era un femicidio en grado de
tentativa, ya que no estaban esos elementos, era otra situación jurídica, por
la cual la calificación provisional que hizo el Ministerio Público fue por
intimidación o amenazas contra la mujer”.
Iría a los AA
El seguimiento de los acuerdos de parte de las autoridades
judiciales fue de oficio --precisó la judicial--, ya que “en ningún momento, ni
la parte actora ni la víctima, expusieron que se estuviera incumpliendo este
principio de oportunidad; sin embargo, el plazo fue prorrogado por la autoridad
suplente de este despacho, para que el acusado cumpliera con la condición de
asistir a los Alcohólicos Anónimos”.
En una audiencia especial celebrada el 13 de septiembre
del año 2013, en la que estuvo la víctima, la fiscal Eyra Girón Aguilera
solicitó la aplicación de la Suspensión Condicional de la Persecución Penal a
favor del acusado, quien se comprometió a recibir tratamiento sicológico y
proporcionar la cantidad de 2,000 córdobas mensuales a sus tres hijas,
comprometiéndose a un periodo de prueba de seis meses.
En otra audiencia especial, realizada el 13 de febrero del
2014 por la jueza suplente Rosa Aracely Rubí Guerrero para verificar el
cumplimiento de los acuerdos, el fiscal Julio Bolaños Meza solicitó ampliar el
plazo por tres meses más, para que el acusado presentara las constancias de que
había recibido tratamiento contra el alcoholismo en un centro de
rehabilitación. En esa ocasión la víctima manifestó que el ex militar estaba
cumpliendo con lo acordado.
“Al acusado se le dictó sentencia tres años después de
iniciar el proceso, es decir hubo un período suficientemente extenso en el
que existió un control de legalidad de
parte del Poder Judicial; en aquel momento la víctima señaló que se estaban
cumpliendo las medidas y que no había un incidente nuevo puesto en conocimiento
en esta judicatura”, informó la judicial.
El 4 de marzo del
2015 se realizó otra audiencia para verificar los acuerdos del plazo ampliado,
pero la víctima no se presentó. El seis de ese mismo mes, la jueza Rubí
Guerrero dictó la sentencia de sobreseimiento.
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