Nicaragua continuará fortaleciendo el sector eléctrico con uno nuevo financiamiento del BID.

El BID firmó un contrato de préstamo de US$65 millones con el Gobierno de Nicaragua que permitirá la consolidación de un marco sectorial que garantice la sostenibilidad financiera y operativa del sector eléctrico en Nicaragua. El programa busca apoyar la estabilidad macroeconómica, garantizar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, mejorar la transparencia de resultados en la gestión del sector, y promover una matriz energética sostenible. 

El programa es consistente con el “Plan de Acción del Sector Energético” del Gobierno de Nicaragua, el cual se concentra en el acceso universal a la energía, la eficiencia energética y la diversificación de la matriz energética; y busca atender los retos en materia de: (i) vulnerabilidad de los costos del servicio eléctrico en función a la matriz energética; (ii) costo del servicio eléctrico relacionado con las pérdidas del sistema; (iii) falta de consolidación del marco sectorial para inversión privada; (iv) participación en el mercado eléctrico regional, y (v) transparencia de resultados en la gestión del sector. 

Este programa es el tercero de una serie de préstamos programáticos con la que el BID ha acompañado al país entre 2013 y 2017, y que sienta las bases para fortalecer el desempeño del Estado en el sector energético, mejorando el abastecimiento seguro, confiable y de calidad de energía en el país, impulsando la integración regional del sector eléctrico, y promoviendo un desarrollo ambientalmente sostenible. 

Las acciones previstas desde la primera operación, en 2013, se han mantenido a lo largo de la serie programática, permitiendo la atención integral de los retos del sector por medio de la aprobación de reformas y medidas institucionales, entre las que figuran: la Ley de Eficiencia Energética, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para incorporar la generación distribuida, acciones para mejorar los procesos en la contratación de energía y potencia en el mercado mayorista como estímulo a la inversión privada, y la aprobación de modificaciones a la normativa de operación nacional para operar de forma coordinada con el mercado eléctrico regional.