Defensoría Pública está presente en 153 municipios.
En los municipios
donde no hay defensor público fijo, se atiende de manera itinerante
En la actualidad la Defensoría Pública de Nicaragua cuenta
con 372 defensoras y defensores públicos ubicados en 153 municipios del país
que brindan atención en materia civil,
penal, de familia y laboral, de
acuerdo con la directora nacional de la institución, doctora Clarisa Indiana
Ibarra Rivera.
La misión de las y los defensores públicos es brindar
asistencia legal, gratuita y de calidad a las y los usuarios del sistema de
justicia que carezcan de recursos económicos, garantizándoles el respeto, la
defensa de sus derechos y garantías consignados en la Constitución Política.
La doctora Ibarra Rivera sostuvo que “las y los defensores
que están en todo el país deben ser servidores
públicos con vocación, comprometidos, competitivos y dignos en el ejercicio de
su rol profesional y con sensibilidad humana frente a la situación de los y las
usuarias de los servicios que presta esta institución”.
Además, indicó que la institución trabaja constantemente
por un servicio con calidad y calidez a las y los usuarios.
Datos de la institución
indican que en todos los municipios de los departamentos de Masaya y Matagalpa las y los defensores
atienden en todas las ramas del derecho.
En Managua el servicio abarca materias penal, familia,
civil y laboral. En el departamento de Chontales también se brinda el servicio
en materia laboral.
La Delegación Managua es la que tiene mayor afluencia de
usuarios. Se estima entre 250 y 300 por día.
Expresó la doctora Ibarra Rivera que “Nicaragua es el
único país de Latinoamérica que cuenta con defensores públicos que dominan las
lenguas de los pueblos originarios y están ubicados en los municipios donde
habitan esas comunidades, como: Siuna, Bonanza, Rosita, Waspam, La Cruz de Río
Grande, La Desembocadura del Río Grande, Bluefields, El Tortuguero, Kukra Hill,
Laguna de Perlas y Bilwi”, entre otros.
En 2017, la Defensoría Pública logró restituir el derecho a recibir pensiones
alimenticias a 12,235 niñas, niños,
adolescentes y adultos mayores, a través acciones judiciales cuyos resultados
fueron sentencias de jueces que ordenaron el pago de más 59.3 millones de córdobas en alimentos
provisionales y atrasados a favor de los demandantes.
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